Economía Publicado el 09/02/2011
Se modifican los criterios de selección aplicables en los procedimientos de autorización de nuevas oficinas de farmacia.
El 1 de junio de 2010 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) dictó sentencia sobre los procedimientos C-570/07 y C-571/07, cuestión prejudicial asturiana, mediante la que se declara que: «El artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en relación con el artículo 1, apartados 1 y 2, de la Directiva 85/432/CEE, del Consejo, de 16 de septiembre de 1985, relativa a la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas para ciertas actividades farmacéuticas, y el artículo 45.2 e y g) de la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, debe interpretarse en el sentido de que se opone a criterios como los recogidos en los apartados 6 y 7.c) del anexo del Decreto 72/2001, de 19 de julio, Regulador de las Oficinas de Farmacia y Botiquines en el Principado de Asturias, en virtud de los cuales se relaciona a los titulares de nuevas farmacias». Es decir, establece la sentencia que primar el ejercicio profesional en una parte del territorio nacional es contrario al artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Aunque la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias se refiere al Decreto asturiano 72/2001, lo cierto es que la propia sentencia europea establece clara conexión entre el derecho de la Unión Europea y la normativa nacional constituida, fundamentalmente, por la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y la Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia. Dado que de dicha normativa estatal también se derivan las normas de ordenación farmacéutica del resto de comunidades autónomas españolas, las conclusiones contenidas en la sentencia prejudicial deben ser extrapolables a todo el conjunto de la normativa de ordenación farmacéutica española, tanto estatal como autonómica.
Por todo lo cual, en virtud de lo establecido en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala), sobre los procedimientos C-570/07 y C-571/07, a propuesta del conseller de Sanidad, conforme con Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 4 de febrero de 2011,
